En 2012, a exactamente 10 años de que Eduardo Duhalde propiciara una devaluación del peso que echó por tierra la convertibilidad que estableció Carlos Menem y cuya defensa a ultranza significó el fin anticipado del gobierno de Fernando de la Rúa, otro ciclo económico parece agotado. Al menos, así lo muestran algunos indicadores que están a la vista de cualquiera que los quiera ver. No parece, sin embargo, que las autoridades del Estado encargadas de administrar los recursos del país y el bienestar de los argentinos estén encarando acciones tendientes a evitar que se repita la historia, que no sería otra que el inicio de un ciclo negativo para la economía argentina. Pero, en apariencia, el ya famoso "viento de cola" parece que seguirá soplando para nuestro país, de manera que tal vez todo siga como hasta ahora, en el mejor de los casos.
En febrero, el economista tucumano Juan Mario Jorrat, el máximo especialista en ciclos económicos de la Argentina, anunció que la Argentina está a las puertas de una recesión. Según el economista, se perdieron los pilares del "modelo" que impuso el oficialismo que gobierna desde 2003, que son la baja inflación, el superávit fiscal y el tipo de cambio competitivo. Para colmo, aunque sostuvo que el fin del ciclo debería ser suave, sin mayores traumas para la gente, alertó que en la Argentina estas tendencias siempre son drásticas. "En 30 años de estudios de ciclos, cada vez que se cortó Argentina no hizo aterrizajes suaves. Nos terminamos estrellando", advirtió.
Las restricciones a las importaciones que hoy imperan en la Argentina tienen por objeto el lograr el equilibrio en la balanza comercial de nuestro país, hoy deficitaria, porque el tipo de cambio es demasiado bajo para las necesidades de la economía, y por eso resulta alentador importar o viajar al exterior, tal como sucedía en tiempos de la convertibilidad. Precisamente, a la convertibilidad también se la trató de parchar de distintas maneras para salvarla, que siempre redundaban en ajustes que terminaban ciñendo el cinto de la población. En la Argentina, suben los precios por encima de los salarios y aumentan impuestos, a la vez que las familias deben suplantar la ineficiencia de los servicios que brinda el Estado a través de la contratación de seguridad, de salud y de educación provenientes del sector privado, en un escenario de descrédito cada vez mayor de la Justicia. En Tucumán, el ocaso del modelo también se hace sentir, y para contrarrestar sus efectos el Gobierno no convocó a una multisectorial que elabore un programa de aliento a la inversión, o de mejora de costos sin perjuicio al Estado. No, en Tucumán simplemente hubo aumento de impuestos, que no es otra cosa que suplantar la devaluación de la moneda que el Gobierno nacional prefiere eludir, o patear para adelante.
Los niveles de tensión que se observan en los planos gubernamentales o de malestar que se apodera cada vez más de la gente no parecen condecir con el hecho de que tanto la gestión de Cristina Fernández a nivel país, como la de José Alperovich en Tucumán, no cumplieron ni siquiera un año. A ambos mandatarios aún les quedan por transitar tres años de administración, y no se visualizan reacciones tendientes a revertir el aterrizaje de la economía. Las medidas se asemejan más a acciones desesperadas o de crisis que al resultado de una política seria. Lo positivo para los argentinos en general, para que puedan seguir viviendo con cierta dignidad y no caer en tremendas crisis como las de 1989 o 2001, es la demanda mundial de alimentos apuntalará el valor de los precios de los commodities agrícolas, y fortalecerá el valor de productos tales como los biocombustibles, aceites, carnes y lácteos durante la próxima década. Pura suerte.